La doctrina del asesor a la sombra del PP se gira contra Rajoy
El juez se apoya en una resolución de Manuel Marchena para negale la declaración por videoconferencia
MadridEl tribunal del caso Gürtel ha decidido mantenerse en su auto del pasado 19 de abril al rechazar esta mañana la videoconferencia propuesta por Mariano Rajoy y le cita a declarar como testigo
el 26 de julio ante la sala de juicio de la Audiencia Nacional, en San Fernando de Henares. El auto rechaza las razones de seguridad invocadas por el presidente de Gobierno; le recuerda que prestará declaración en calidad de testigo cómo presidente del Partido Popular; y sobre todo pone en el frontispicio de sus argumentos una resolución de Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El magistrado ponente de este auto de rechazo de la videoconferencia ha sido Julio de Diego puesto que el ponente, Ángel Hurtado, favorable a la videoconferencia, ha quedado en minoría frente a De Diego y José Ricardo de Prada.
La sutileza para iniciados es esta: Manuel Marchena es el asesor en la sombra del gobierno en el diseño del dique de contención judicial, con los nombramientos de José Manuel Maza en la Fiscalía General del Estado y Manuel Moix en la Fiscalía Anticorrupción. Y el tribunal se apoya precisamente en una resolución suya de 2006, cuando era miembro de la Sala Segunda, en la que advertía de que a pesar del avance tecnológico de la videoconferencia "el principio de inmediación [presencia física en juicio] es un valor a preservar sólo sacrificable cuando concurran razones que debidamente ponderadas puedan prevalecer sobre las ventajas de la próximidad física y personal".
El tribunal, pues, descarta que las razones de seguridad y de uso de recursos públicos esgrimidas por Rajoy prevalezcan sobre las ventajas de la proximidad física y personal. ¿Qué hubiera dicho Marchena caso de estar en el tribunal? Dada su próximirad al ministro de Justicia, Rafael Catalá, Marchena habría introducido, como ya hizo en 2008 con la doctrina Botín, una interpretació para permitir a Rajoy declarar por videoconferencia.
